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Propuestas Sustentabilidad Energética

La complejidad de la estructuración de la matriz energética (generación, transmisión y distribución del consumo eléctrico; combustibles para el transporte; energía para los usos productivos –industriales, agrícolas, forestales-; energía consumida en la construcción y uso de las edificaciones -sectores residencial, público y comercial) ha permitido el establecimiento de un modelo simplificador que limita el rol y capacidad del Estado, agiganta el poderío económico de un sector privado muy reducido en actores y muy amplio en utilidades y además, paraliza a los ciudadanos frente a un espectáculo de luces, autopistas y glamour, cuya continuidad se ve amenazada cada ciertos años por crisis que reafirman la llegada de estos gigantes a resolver los problemas que nos amenazan.

Un nuevo pacto para nuestro futuro desarrollo y sustentabilidad energética requiere corregir estos errores de modo que se termine con la exclusiva participación en la toma de decisiones del sector privado, esto es, pasar de unos pocos ‘stakeholders’ en el equipo de los ‘vendedores a granel’ (que en la práctica se traduce a unos pocos directivos de las pocas grandes empresas) a un modelo visto desde la perspectiva de muchas ‘entidades de consumo’. Este sistema más pluralista contribuirá a la toma decisión responsable dentro de un mercado amplio, con información relevante disponible, de modo que el precio que paguen internalice todos los beneficios y costos (económicos, sociales y ambientales) del uso de la energía.

Para esto sea efectivo, se requiere, como paso inicial y cimentador, definir un objetivo a largo plazo que conduzca a una nueva política energética. Esta visión tiene que estar alineada con los desafíos que enfrentamos como sociedad global del siglo 21: limitar el aumento de temperaturas medias de la Tierra (el calentamiento global), reducir las causas del cambio climático (las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos sólo unos pocos afectando a muchos), y de este modo, transitar a una sociedad más equitativa basada en un sistema productivo y económico bajo en carbono, que no exceda los límites y ritmos del sistema ecológico.

Esto no es ecologismo, retórica ni propagandismo fatalista. Al contrario, es realismo sustentado en la ciencia y la evidencia, es visión de progreso social y responsabilidad con nuestro único hogar y las generaciones del futuro.

Llevando este análisis general a una propuesta de acción, en la práctica, nuestro país requiere:

i)         fortalecer las iniciativas tendientes a dar mayor sustentabilidad, eficiencia y seguridad al sector energía (muchas de las cuales se han iniciado durante los últimos 5-10 años);

ii)       aumentar la escala de inversiones (públicas y privadas) y crear nuevas iniciativas y vías de interlocución sectorial e innovación en tecnologías energéticas sustentables, de modo de desarrollar y aplicar nuevos mecanismos que favorezcan la transición a un sistema energético sustentable; y

iii)     eliminar los incentivos y prácticas que generan la dependencia a un modelo promotor de la desigualdad y sobre, de la contaminación, la destrucción y agotamiento de nuestros recursos naturales.

A modo de expandir estas tres ideas centrales, detallaremos por medio de propuestas concretas, nuestra síntesis sobre vías posibles para avanzar hacia la realización de la visión de sustentabilidad energética.

En primer lugar, el fortalecimiento de las iniciativas existentes debe concentrarse en la integración multidisciplinaria y sectorial, ambos elementos intrínsecos del desarrollo energético:

i)        Asegurar que las energías renovables juegan un papel cada vez más importante dentro del mix de generación y del consumo energético en general. Chile ha sido dotado con una abundancia de recursos energéticos renovables que lo sitúan entre los países con mayor potencial del mundo, el que no hemos aprovechado de manera decidida, inteligente, respetuosa y acorde con las condiciones existentes de las distintas zonas del territorio nacional.

ii)       Re-estudiar  la aplicación de incentivos legales y regulatorios a la generación eléctrica con energías renovables. Los sistemas ‘feed-in-tariffs’ (subsidio a la tarifa) han demostrado ser los más eficientes en promover las inversiones y diversificar el espectro de actores.

iii)     Continuar el trabajo de integración y acceso a la energía en el mundo rural, pasando del establecimiento de metas de electrificación rural a modelos de energización rural, que permitan el despliegue productivo y florecimiento de estas comunidades. La energización rural debe centrarse en el aprovechamiento de los recursos energéticos locales (principalmente energías renovables), el encadenamiento productivo y acceso a los mercados a partir de un sistema descentralizado y no como último eslabón de un modelo centralizado de abastecimiento de energía, bienes y servicios.

iv)     Fortalecer, tanto a nivel institucional como de capacidades, el actual Programa País de Eficiencia Energética (que se transformaría en la Agencia Chilena de la Eficiencia Energética, actualmente en discusión parlamentaria). La eficiencia energética es la política de mejor costo-efectividad en la transición a sistemas energéticos sustentables.

v)      Dar un lugar central en la investigación y etapas iniciales de continuo de innovación tecnológica al recién formado Centro de Energías Renovables de Chile. Este centro debe apalancar tanto recursos públicos de diversos ministerios y reparticiones públicas, como recursos privados que permitan el desarrollo, demostración, despliegue y comercialización de tecnologías renovables en Chile; además de exportar servicios y tecnologías a América Latina y el resto del mundo en el mediano y largo plazo.

En relación con la necesidad de aumentar las inversiones y  crear nuevos mecanismos que permitan la transición a una economía basada en energía sustentable, resulta primordial resituar los roles del Estado y los ciudadanos y redefinir la importancia vital del sector privado:

i)        Fomentar con políticas, programas y proyectos específicos la innovación y transferencia de tecnologías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto no sólo hablamos de generación eléctrica, como las energías renovables, sino de otras tecnologías que requieren adaptarse a consumos energéticos  poco intensivos en emisiones, como tecnologías de desalinización de agua mar, riego tecnificado y prácticas agrícolas sustentables, tecnologías y sistemas de transporte,  diseño urbano, arquitectura sustentable, etc.

ii)       Seleccionar tecnologías y prácticas con mayor potencial de desarrollo y florecimiento a nivel nacional e internacional (como la energía solar concentrada, el manejo sustentable de bosques/control de la desertificación, la gestión sustentable del agua) y dedicar recursos especiales para su desarrollo. Chile tiene las condiciones de convertirse en un líder tecnológico en ciertas áreas en el mediano-largo plazo y para eso se debe invertir y generar las condiciones adecuadas hoy.

iii)     Aumentar la inversión privada en investigación, desarrollo y despliegue tecnológico mediante la creación de mecanismos de incentivo, tales como exenciones tributarias, acceso a mercados, políticas de largo plazo que reduzcan el riesgo en las inversiones, mecanismos de garantía para la recuperación de la rentabilidad, entre otros. Para ello, resulta fundamental la integración de esfuerzos públicos y privados en la materia, así como el establecimiento de acuerdos de cooperación tecnológica a nivel internacional.

iv)     Crear mecanismos e instrumentos de planificación energética de largo plazo, que incorporen la evaluación socioeconómica de planes estratégicos de inversión. Los planes de inversión del sector no deben ser decididos sólo por las empresas de energía (generando a mínimo costo privado y maximizando utilidades) sino incluir en las decisiones al Estado y los impactos sobre los consumidores (por medio de instrumentos de incentivo y mecanismos que permitan la internalización de costos externos y maximicen los beneficios sociales).

v)      Crear un sistema de evaluación ambiental estratégica (esto trasciende el sector energético) que evalúe no sólo proyectos, sino conjuntos de éstos, programas y políticas, tanto públicos como privados. Esto además de evaluar conjuntamente proyectos que representen iniciativas complementarias (como el caso de proyectos de generación y transmisión eléctrica, tales como Hidroaysén y las futuras inversiones en la zona aún en cartera).

Finalmente, la política energética actual y políticas de otros sectores que inciden directamente con el desarrollo energético (como las políticas de aguas, concesiones, transporte, urbanismo y construcción) contienen principios y elementos que deben ser reformados, incentivos que requieren ser removidos y mecanismos que no aportan a la sustentabilidad del desarrollo energético:

i)        Modificar el mecanismo de fijación de precios de la energía, de modo de internalizar los costos externos y beneficios no percibidos de actividades alternativas (por ejemplo, contaminación atmosférica y efectos en la salud, beneficios no percibidos por actividades productivas alternativas no realizadas, degradación de bosques y áreas naturales, etc.).

ii)       Reformar el sistema de establecimiento de planes tentativos de obras de modo de fortalecer el rol de planificación de largo plazo que busque la maximización del beneficio social y no la operación a costo marginal mínimo. Este proceso es fundamental para la toma de decisiones de inversión (las que implican ‘encadenarse’ a largo plazo a tecnologías contaminantes y con altos impactos ambientales). En este sentido se debe fortalecer el rol del Estado en la planificación del desarrollo. El modelo neo-liberal que determina el desarrollo del sector energético en Chile (como en la mayoría de los países occidentales) debe ser reformulado a la luz de los desafíos que impone la transición a una economía global baja en carbono.

iii)     Reformular radicalmente el Código de Aguas (1981, modificado 2005) de modo de eliminar los incentivos a la especulación y quitar la posesión de este recurso natural de las manos de unas pocas empresas de generación eléctrica, que impiden los aprovechamientos hidroeléctricos de bajo impacto (como centrales de pasada de mediano y pequeño tamaño) y la entrada de nuevos actores que permitan aumentar la competencia en el sector, fortalecer el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico descentralizado.

iv)     Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles (como el fondo de estabilización de precios del petróleo, que favorece en gran medida a los conductores de vehículos privados de sectores medio-alto y alto) y reemplazarlos por subsidios específicos para los sectores más afectados por la potencial variabilidad de precios (transporte público para sectores socioeconómicos menos favorecidos, transporte de bienes y operación de pequeñas y medianas empresas). Así mismo, debe mantenerse una política de impuestos a los combustibles y reformar la política fiscal que permita asignar impuestos específicos del sector a políticas y programas orientados a fortalecer su sustentabilidad (eficiencia energética, transporte público, etc.).