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Propuestas en materia de Memoria y Nuevas Generaciones

En el siglo XX, con un marco legislativo donde la noción de derechos humanos se impuso moralmente después de la Segunda Guerra Mundial, los procesos transicionales de justicia después de episodios de violencia de Estado han dado pie a lo que muchos llaman (tal vez inexactamente) políticas de memoria. La idea de memoria tiene diversas connotaciones, pero su significado más potente es la resistencia a la amnistía post conflictos sociales. En ese sentido, la memoria tiene un uso político, que es la persistencia del anhelo de justicia de parte de comunidades o grupos que han sentido vulnerados sus derechos de manera violenta por el poder del Estado. La memoria, como el recuerdo, no se trata solo de procesos sino fundamentalmente de acciones (Lambeck, 2005).

Pese a que diversas iniciativas de memoria en el siglo XX han consistido en la monumentalización y conmemoración de ciertos eventos, episodios y experiencias que son colectivas, estas han sido muchas veces llevadas a cabo de manera privada por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, tales iniciativas han tendido a exigir de los Estados ciertas garantías, en la medida que la mayoría de los procesos de memorialización tienen alguna relación con la declaración universal de derechos humanos. Por tanto, es el Estado quien impulsa las políticas de la memoria. Lo que la experiencia internacional ha demostrado, es que estas políticas, para que sean efectivas, deben ser multidimensionales. Primero: no hay política de memoria sin ejercicio de la justicia.  Segundo, no hay política de memoria sin proyectos de incidencia cultural. La educación en los colegios, por tanto, parece siempre el espacio central para generar capacidades empáticas y de reflexión crítica en las nuevas generaciones.

• El caso de Chile

Como hemos planteado, denominamos políticas de la memoria a aquellos lineamientos de Estado que  responden a la demanda de ciertas comunidades o grupos de personas por no olvidar, cuya resistencia es la memoria, y su agencia, la justicia. Es una demanda por el ejercicio pleno de la ciudadanía, finalmente. En Chile, las demandas emblemáticas por políticas de memoria han sido las que están vinculadas a la violación de derechos humanos cometida por el Estado bajo la dictadura militar. Pero estas no han sido las únicas reivindicaciones de memoria. La reivindicación mapuche es anterior, así como lo fueron la de las víctimas de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique.

Actualmente, existen dos iniciativas que son centrales para las denominadas  políticas de la memoria en Chile: la creación recientemente aprobada de un Instituto de Derechos Humanos  (IDDHH) y una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, promovida por Amnistía Internacional Chile. El primero, se trata de una iniciativa que después de años de polémica y desencuentro entre las partes, fue aprobada en el Congreso. El instituto será una corporación autónoma de derecho público que tendrá entre sus misiones: la elaboración de un informe anual sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, el planteamiento de  recomendaciones y medidas para la protección y la promoción de los derechos humanos, y la promoción de leyes, reglamentos y prácticas nacionales que armonicen con los tratados internacionales ratificados por Chile.

La segunda, se trata de un programa en cuya elaboración participaron decenas de organizaciones comprometidas por la defensa y promoción de DDHH en los más diversos ámbitos. Es en esta participación donde radica una de sus mayores fortalezas. Entre sus medidas destacan la necesidad de que Chile ratifique una serie de acuerdos internacionales que apuntan hacia un mayor sentido de justicia y equidad, así como la vigencia de la noción de derecho en ámbitos tales como la discriminación, la vulnerabilidad social y los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Instituto, numerosas organizaciones de DDHH han señalado estar a la espera de las modificaciones que el Poder Ejecutivo se comprometió a realizar al proyecto aprobado.  Estas apuntan a  la necesidad de que el IDDHH  cuente con la debida autonomía del Estado y del aparato legislativo, como  condición de su debido funcionamiento y credibilidad. Tal como está el proyecto hoy en día, eso no ocurre. La conformación de su directorio no garantiza la requerida autonomía.  A su vez, se ha señalado la necesidad de que el Instituto tenga la atribución de presentar querellas por delitos de genocidio, lesa humanidad y guerra. Del ejercicio jurídico y autonomía depende su capacidad de ser efectivamente un ente competente en materia de DDHH.

Ambos proyectos consideran en sus programas  la dimensión jurídica y la dimensión educativa, que aquí hemos planteado como fundamental. Ambos, tanto el IDDHH y la Agenda  mencionan la educación y la necesidad de fortalecer los contenidos curriculares en torno a la lectura de la historia contemporánea de Chile. La educación en derechos humanos, educación cívica y una mayor sensibilidad con la visión política de la historia es fundamental para  desarrollar en los estudiantes una capacidad reflexiva y crítica ante la historia y el presente.  De alguna manera, a eso se refería Hannah Arendt cuando escribió sobre la banalidad del mal, cuestionando si la radicalidad del mal no era otra cosa que la tendencia humana a obedecer órdenes sin atreverse a pensar.

Por último, es necesario volver a enfatizar que  es fundamental que se genere una cultura de DDHH pero no solo centrada en la violación de Estado de 1973, sino en la historia del país de ayer y de hoy, donde no puede quedar fuera la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, así como la necesidad de seguir avanzando en materia de justicia social y equidad. En este contexto, hay muchas preguntas que debemos realizar, ¿por qué Chile no ha ratificado una serie de tratados internacionales en materia de DDHH?

Hasta el día de hoy, se han llevado a cabo numerosas iniciativas de memorialización: se han construido memoriales y se están construyendo casas de la memoria, ambos gestos simbólicos de reparación de la violencia de Estado durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, si ellas no permean al resto de la sociedad,  y se traducen en el incremento de las libertades, participación e igualdad de condiciones en otros ámbitos,  están condenadas a museificarse. Esa distancia crítica no puede estar referida solo a la crisis social de los 70. Tiene que estar dirigida al Chile de hoy.

• Propuestas especificas.

i)        La efectividad de las llamadas políticas de memoria están relacionadas con dos elementos: justicia y educación.

ii)      Las políticas de memoria no deben estar referidas solo a la violación de DDHH  durante la dictadura militar, sino que a otras reivindicaciones por el ejercicio de derecho. Un caso emblemático es el conflicto mapuche.

iii)     Garantizar el efectivo funcionamiento y autonomía del IDDHH, a través de la modificación de la conformación del directorio y la capacidad de ser parte en procesos de justicia.

iv)    Incorporación de la Agenda para el Bicentenario como parte del programa de acción del IDDHH.